Mientras los niños que siguen llegando desde Centroamérica y México para cruzar la frontera hacia Estados Unidos, sin compañía alguna, siguen aumentando con el paso de los días, las decisiones de la Administración Obama se dilatan, a la espera de algún acontecimiento que cambie el fiel de la balanza.
Sin embargo ni la negativa de los republicanos en el Congreso para aceptar nada más que la deportación lisa y llana de decenas de miles de niños, ni los contactos de Obama con los presidentes centroamericanos involucrados en el asunto, han dado la salida a un problema que aumenta cada día.
Biden afirmó que “si los gobiernos centroamericanos no están preparados para tomar decisiones drásticas, el Presidente y yo sí estamos preparados”, aunque sin explicar exactamente que significa su contundencia en la realidad.
Al pasar el número de 57,000 los niños han convertido el problema fronterizo en una crisis humanitaria sin parangón en tanto el sistema legal estadounidense está ya saturado como para atender caso por caso si se les puede dar estatus de refugiados. Además las leyes impiden devolverlos a sitios donde puede ser mayor su riesgo físico, algo que ocurrirá inevitablemente con una eventual devolución a países castigados por la narcoguerrilla.
El vicepresidente Biden reconoció no obstante que es imposible pensar que los niños queden en Estados Unidos solamente porque estarían mejor que en sus naciones de origen, pero que las circunstancias “no cumplen con los estándares de asilo”.
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