El gobierno federal de Estados Unidos afirmó que hay salvaguardias legales en caso de que presuntos terroristas presos en la Bahía de Guantánamo sean reubicados a Estados Unidos, y que no se les permitiría recibir asilo ni tendrían derecho a quedarse permanentemente en el país.
En un informe dirigido al Congreso, el Departamento de Justicia indicó que una transferencia así ocurriría sin poner en riesgo la seguridad nacional y que los detenidos bajo sospecha de terrorismo no disfrutarían de los mismos derechos legales que otros inmigrantes, incluida la capacidad de recibir asilo. El informe destaca que este tipo de detenidos han recibido históricamente un trato en el que "no los abarcan las leyes de inmigración".
El texto indicó que el gobierno no está al tanto de ningún precedente judicial, estatutario o cláusula constitucional que le otorgaría a un detenido de Guantánamo el derecho a permanecer permanentemente en Estados Unidos, y añadió que el Congreso también tendría libertad para aprobar una ley que prohibiría específicamente que ocurriera algo así.
El informe fue dado a conocer en respuesta a una cláusula en el proyecto de ley anual de defensa que busca la interpretación del Departamento de Justicia sobre derechos legales y asilo si los sospechosos de terrorismo detenidos en la base naval estadounidenses en Bahía de Guantánamo, Cuba, fueran a ser transferidos a Estados Unidos.
La cuestión sigue siendo teórica en su mayor parte. El presidente Barack Obama ha buscado cerrar las instalaciones de detención en Guantánamo, las cuales considera caras e ineficientes, pero el Congreso ha impedido repetidas veces que el gobierno traslade a los sospechosos de terrorismo a Estados Unidos, incluso a prisiones de máxima seguridad.
El nuevo análisis, proporcionado en consulta con el Departamento de Defensa, parecía diseñado para apaciguar los temores de que los detenidos adquirieran nuevas protecciones legales en caso de un cierre de la cárcel en Guantánamo. Pero algunos republicanos dijeron no estar convencidos.
El senador James Inhofe, el principal republicano en la Comisión de Servicios Armados del Senado y firme partidario de mantener abierta esa cárcel, dijo que la conclusión del informe era predecible, "simplemente encubriendo al presidente Obama para que él pueda continuar con lo que ha estado trabajando activamente, que es traer a terroristas a territorio estadounidense".
El presidente de la Comisión Judicial del Senado, el demócrata Patrick Leahy, dijo que el informe apoya que se levante la prohibición del Congreso de que se traiga a los detenidos a Estados Unidos y debería sosegar los temores de que esa acción acarrearía perjuicios a la seguridad pública.
"La rama del ejecutivo debe tener todas las opciones disponibles en su intento para cerrar las instalaciones de detención en Guantánamo", declaró Leahy.
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