De acuerdo a un análisis difundido este martes por el Centro de Investigación Pew, las condenas por reingreso ilegal a Estados Unidos, el cual es considerado un delito federal bajo una ley de 1996, han contribuido casi la mitad de todas las sentencias federales entre 1992 y 2012.
El documento, elaborado en base a datos de la Comisión de Vigilancia de las Sentencias Federales (USSC), indicó que entre 1992 y 2012, el número de sentencias federales por diversos tipos de delitos aumentó de 36,564 a 75,867 en ese período.
El documento deja constancia de cómo el incremento en las condenas por reingreso ilegal está saturando los tribunales federales como nunca antes.
El número de condenas por reingreso ilegal aumentó de 690 casos en 1992, a 19,463 en 2012, indicó el documento.
El segundo tipo de delito de mayor crecimiento en las condenas federales está relacionado con las drogas, que registraron un aumento del 22 por ciento durante ese período, seguido por fraude y delitos de “cuello blanco”, e infracciones por armas de fuego y otros crímenes.
Además, en 2012 el 48 por ciento de los sentenciados fue de origen latino, en comparación con el 23 por ciento en 1992.
Si en 1992 los indocumentados sentenciados en tribunales federales conformaron el 12 por ciento de todos los casos, en 2012 ese porcentaje subió al 40 por ciento.
Casi todos los acusados por reingreso ilegal en tribunales federales recibieron una sentencia carcelaria, con un promedio de dos años en prisión.
El documento, que no incluyó datos sobre cargos migratorios civiles en tribunales de Inmigración, confirmó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) refiere cada vez más los casos de reingreso ilegal a los tribunales federales.
Sólo entre 1998 y 2010, el aumento en el número de personas con infracciones migratorias en las cárceles federales conformó el 56 por ciento de todos los casos.
Pese al gran costo económico y el riesgo de cruzar la frontera, los indocumentados reingresan para regresar con las familias que dejaron atrás.
En la actualidad, el no tener documentos en Estados Unidos es únicamente una infracción civil.
Pero la ley de 1996, aprobada de forma bipartidista por el Congreso y promulgada por el entonces presidente Bill Clinton, permite clasificar como delito federal el reingreso ilegal de indocumentados previamente deportados, aunque no tengan otros antecedentes penales.
En 1992, las infracciones migratorias, incluyendo el reingreso ilegal –la categoría de mayor crecimiento- representaron el 5 por ciento de todos los casos federales. Diez años después, la cifra subió al 32 por ciento.
Este aumento de condenas por infracciones migratorias ha causado un embotellamiento en los tribunales federales.
Según el informe, el distrito sur de California, los distritos del sur y oeste de Texas, el distrito de Nuevo México y el Arizona, juntos procesaron el 74 por ciento de los casos de reingreso ilegal en 2012.
Las condenas federales por reingreso ilegal en realidad aumentaron con las medidas policiales de la Patrulla Fronteriza en 2005. Antes de ese año, los indocumentados detenidos en la frontera podían regresar voluntariamente a México sin ninguna sanción.
El Centro de Investigación Pew indicó que desde 2005, la Patrulla Fronteriza ha reducido la repatriación voluntaria y ha recurrido a otras estrategias, incluyendo la presentación de cargos criminales por el reingreso ilegal y la expulsión expedita de indocumentados, que no requiere permiso judicial.
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