La ciudad de East Haven, Connecticut accedió a pagar 450,000 dólares y adoptar límites a la forma en la que aplica leyes migratorias, en compensación por una demanda presentada por habitantes hispanos.
La demanda de 2010 fue presentada contra la ciudad de East Haven a nombre de un sacerdote y residentes latinos que señalaban haber sufrido abusos de los policías, incluso arrestos falsos, cateos ilegales y obstrucción de la justicia. Las negociaciones a raíz de la demanda comenzaron a finales del año pasado, después de que dos policías fueran sentenciados por cargos penales.
El profesor de la Universidad de Yale, Michael Wishnie dijo que East Haven estuvo de acuerdo en adoptar algunas de las restricciones más estrictas a la aplicación de la ley migratoria para cualquier ciudad o población en el país. Dijo que la ciudad accedió a limitar los interrogatorios sobre la situación migratoria de las personas y que no apoyará las detenciones.
Se dejaron mensajes telefónicos con los abogados de la ciudad sin recibir una respuesta inmediata.
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