Este pasado martes, Michelle Lee, agente especial y portavoz de La Agencia Especial de Investigaciones FBI confirmó que la cantidad víctimas de una red de estafadores en Estados Unidos que se ha dedicado a llamar a familiares de niños migrantes centroamericanos que cruzan solos para extorsionarlos y exigirles dinero a cambio del envío de sus menores “sigue creciendo”.
Dichas llamadas ocurrían cuando estos jóvenes o menores de edad aún se encontraban bajo custodia del gobierno federal y en los refugios del Departamento de Salud y Servicios Sociales, en particular los refugios de emergencia ubicados en bases militares.
Estos refugios son administrados bajo contrato por compañías privadas, y según fuentes no oficiales, pero cercanas a los mismos, el FBI estaría investigando a los trabajadores y personal de salud de dichos refugios, los únicos que tendrían a su disposición los archivos con toda la información de los menores y sabían cuándo estarían siendo enviados a sus padres o familiares.
Una de estas fuentes indicó al diario La Opinión que los empleados de BCFS, la empresa que administra los refugios temporales en Oklahoma y Texas (Fort Sills y Lackland) fueron informados durante una reunión en su oficina, hace algunos días, que el FBI los estaba investigando y que si alguien sabía algo “lo dijera a las autoridades”.
Por su parte BCFS indicó, por medio de un comunicado, que “contrario a las acusaciones de ex empleados o empleados anónimos de nuestra agencia de contratación de personal, ninguno de nuestros profesionales en Lackland han sido arrestados o amenazados con arresto por actividades relacionadas a las operaciones del refugio”.
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