Este miércoles varios expertos aseguraron que las minorías siguen teniendo trabas para votar en el país con la mayor democracia del mundo y, a diez meses de los comicios legislativos, el Congreso debe aprobar una ley que proteja ese derecho.
El Acta del Derecho al Voto de 1965 buscó corregir los atropellos que sufría la gente de color, que para votar debían pagar un impuesto y demostrar que sabían leer y escribir.
Según expertos consultados por el diario La Opinión, la marginación de las minorías continúa con diferentes tácticas o leyes estatales que exigen cédulas de identidad con foto o pruebas de ciudadanía; se hace omisión de boletas bilingües; reducen el plazo para el voto por adelantado, e imponen restricciones al registro de votantes y contra expresidiarios.
En este 2014, mientras los hispanos buscan el aumentar su participación durante las votaciones, el Congreso estudia una medida bipartidista para modernizar la ley federal del derecho al sufragio. Esa legislación, la cual fue presentada la semana pasada, responde a un dictamen del Tribunal Supremo, que en junio del año pasado anuló la sección 4 de la ley de 1965.
Esa parte de la ley, reforzada en el 2006, exigía que nueve estados –casi todos en el sur de Estados Unidos y con historial de discriminación racial-, obtuviesen permiso del Gobierno federal para cambiar sus normas electorales.
Esta nueva iniciativa, respaldada por la Casa Blanca para asegurar el acceso equitativo a las urnas, establece una fórmula para determinar cuáles estados necesitarán la venia del Departamento de Justicia.
El Gobierno federal revisará los cambios en estados con al menos cinco infracciones electorales en los últimos 15 años, y en localidades con al menos tres infracciones en ese periodo, o que tengan una infracción y un patrón de baja participación electoral de las minorías.
Deborah Vagins, una abogada de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) dijo “Creemos que la iniciativa ayudará a corregir los problemas y tácticas que afrontan las minorías, en particular las que no hablan inglés, porque ofrece mecanismos para proteger su derecho al voto”, también agregó “Absolutamente esperamos que el Congreso la apruebe este año para frenar prácticas que restrinjan el voto, y la ACLU iniciará litigios donde se pueda“.
Keith Bentele, sociólogo de la Universidad de Massachusetts en Boston, señaló que muchas leyes estatales, casi todas aprobadas por gobiernos bajo control republicano, “tienden a afectar desproporcionadamente a las minorías y gente de bajos recursos, quienes tienden a apoyar a los demócratas”.
“El mito del fraude se usa como herramienta política para justificar o sumar apoyos a políticas que restringen el acceso al voto… la creciente influencia de la derecha en el Partido Republicano dificulta la labor de los republicanos de atraer a moderados y minorías, y vemos que se incentiva la supresión del voto en estados con crecientes poblaciones minoritarias”, observó.
Janaye Ingram, directora interina de la Red de Acción Nacional, advirtió de que algunas leyes estatales perjudican “el tejido de nuestra democracia” al limitar el poder de ciertos grupos para efectuar cambios mediante su voto.
“Estas personas no podrán elegir a quienes les representen en asuntos muy importantes para sus vidas, como la vivienda, educación, salud o justicia criminal”, explicó.
En la actualidad, 34 estados exigen cédulas de identidad para votar, ocho de los cuales aprobaron sus leyes en 2013, incluyendo Arkansas, Carolina del Norte y Virginia, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.
Las leyes en estados como Georgia, Mississippi, Alabama, las Carolina del Norte y del Sur, Virginia y Texas, figuran entre las más estrictas sobre el uso cédulas con foto.
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