viernes, 25 de abril de 2014

Ecuador solicita salida de militares americanos de su territorio

Ecuador ordenó al grupo militar de Estados Unidos salir del país a más tardar el 30 de abril, de acuerdo con información dada a conocer a The Associated Press.

Ecuador presentó la orden por escrito, dijo un alto funcionario del gobierno ecuatoriano que pidió no ser identificado porque no estaba autorizado a revelar tal información, pero la misión diplomática estadounidense confirmó lo dicho.

El vocero de la embajada, Jeffrey Weinshenker, declaró el jueves a la AP que "el lunes 7 de abril, el gobierno del Ecuador formalmente solicitó que la Oficina de Cooperación de Seguridad de la Embajada, anteriormente conocida como Grupo Militar, termine sus actividades en Ecuador".

Precisó que Ecuador solicitó que "termine sus actividades para fines de abril del 2014, de tal manera que el gobierno ecuatoriano ha dejado en claro que ya no desea esa ayuda de seguridad; entonces el gobierno estadounidense... trasladará los recursos a otro lugar".

En 2013, Washington proporcionó a Ecuador casi 7 millones de dólares en ayuda de seguridad para desarrollar programas como capacitación técnica en mantenimiento de vehículos, aeronaves, seguridad y logística, construcción de un centro militar ecuatoriano para mantener la paz, fortalecimiento de la capacidad defensiva del Ecuador y fortalecimiento de la cooperación para enfrentar el tráfico de narcóticos, tráfico de humanos, terrorismo y otros delitos transnacionales.

El vocero del Comando Sur, en Miami, José Ruiz, en declaraciones enviadas a la AP, señaló que esa unidad acoge el requerimiento en "respeto por la decisión soberana (de Ecuador)".

Agregó que "después de la salida de nuestra Oficina de Cooperación de Seguridad, otros miembros del personal del Departamento de Defensa, incluyendo el agregado de defensa, se mantendrán".

La embajada de Ecuador en Washington, en un comunicado enviado a la AP señaló que "nos hemos puesto de acuerdo para reestructurar la relación militar y reducir la presencia militar de EE.UU. en Ecuador. Esta decisión refleja el aumento de las capacidades y recursos de Ecuador para administrar directamente los esfuerzos de seguridad y defensa".

El 22 de enero, el presidente Rafael Correa dijo que "son alrededor de 50 (militares de Estados Unidos que están en Ecuador). ¿Quién puede justificar algo así? Ya estamos actuando al respecto".

Destacó que "lamentablemente esta gente ha estado tan infiltrada en todos los sectores", a la vez que afirmó que el número de militares era excesivo y que iba a pedir su salida, aunque entonces no se informó si el número debía reducirse o eliminarse.

"Contrario a los informes erróneos que hablaban de 50 o más militares estadounidenses en Ecuador, hay aproximadamente 20 empleados del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, tanto civiles como militares, que están asignados actualmente a Ecuador, plenamente acreditados con el gobierno ecuatoriano, para participar en una amplia gama de actividades de enlace y cooperación con los militares ecuatorianos", manifestó Weinshenker.

Destacó que la estrecha cooperación militar a lo largo de cuatro décadas ha producido importantes avances en la lucha contra el tráfico de drogas, de seres humanos, terrorismo y otros delitos transnacionales.

Añadió que "todas las actividades que hemos llevado a cabo tienen la aprobación explícita de las contrapartes ecuatorianas".

La AP llamó a la Cancillería, donde una funcionaria que no quiso identificarse dijo que el canciller Ricardo Patiño, quien está en Europa, es el único vocero que puede hacer comentarios, mientras que en el ministerio de Defensa, señalaron que la ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, está en Nueva York, en un debate de las Naciones Unidas.

Previamente, el 26 de noviembre del 2013, en una carta de Gabriela Rosero, secretaria técnica de Cooperación Internacional, Ecuador comunicó a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID por sus siglas en inglés) que ese organismo "no podrá ejecutar ninguna actividad nueva, ni ampliar plazos de ejecución de proyectos" hasta que ambos gobiernos negocien y firmen un convenio, que no se llegó a firmar, por lo cual esa oficina deberá salir a finales de septiembre, cuando termina el período de cooperación.

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